Bombazo: Arizona buscará impedir financiación de Acciones Ejecutivas de Obama

Por Carlos Carballido

bob.La Cámara Baja de  Arizona aprobó el  controversial proyecto de Ley  HB 23 68 que podría iniciar una épica guerra entre ese Estado y el gobierno federal  ya que prohibirá la financiación estatal de TODAS las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Barack Hussein Obama.

El Proyecto  presentado por el representante republicano Bob Thorpe, de Flagstaff,  quedó listo en la 52 sesión de la Legislatura y entre sus puntos destaca la prohibición de que el  estado o cualquiera de sus subdivisiones políticas de utilicen   personal o presupuesto  para hacer cumplir, administrar o cooperar cualquier orden  ejecutiva de Obama  que no haya  sido sometida a votación del Congreso de EE UU  y que no haya sido firmada como ley, tal y como prescribe la Constitución de Estados Unidos

La HB 2368 ordenaría  además la prohibición de que funcionarios públicos de Arizona, utilicen recursos financieros o presupuestarios para  administrar o cooperar con las directivas  del Departamento de Justicia  a los Agentes del Orden  de ese territorio  en la implementación de las Acciones Ejecutivas  emitidas por el presidente sin haberlas sometido a aprobación del legislativo federal.

Los congresistas de Arizona  basaron su proyecto de Ley en la Constitución del Estado que  en su  artículo segundo, Sección Tercera establece que para proteger la libertad del pueblo y preservar los pesos y contrapesos de la Constitución de Estados Unidos,  el  estado puede ejercer su autoridad soberana para restringir las acciones de su personal y el uso de sus recursos financieros para fines que sean compatibles con la Constitución al hacer cualquiera de los siguientes: el paso de una iniciativa o referéndum, aprobar una ley, perseguir cualquier otro recurso legal disponible.

El proyecto de Ley entró en su segunda etapa  de aprobación por el Senado para la firma del Gobernador republicano Doug Ducey y de ser probado sería el bombazo político más fuerte que recibiría el gobierno de Barack Obama, que actualmente se enfrenta a una demanda de 26 estados  por sus acciones ejecutivas en materia de Inmigración.

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