Contra la rapacidad de la CFE

Eloy Garza González

cfeLa Comisión Federal de Electricidad (CFE) o más bien los burócratas de este monopolio revisan uno por uno los medidores de las casas y comercios. Cualquier supuesta alteración es sancionada de inmediato con una tarifa que oscila entre 200 mil y 400 mil pesos, a capricho de quien te atiende y sin ningún sustento ni criterio legal.

A estos burócratas rapaces no les importa que la casa o el local esté recién adquirida por sus actuales propietarios o que, peor, esté abandonada o deshabitada. La sanción es la misma y es casi inapelable: el acusado tiene que defender su inocencia luego de esperar más de cinco horas para ser recibido por un funcionario público mal encarado. Si la supuesta alteración ocurrió con los anteriores dueños de la casa o el comercio, a la CFE le da lo mismo: la sanción se aplica igual.

Son decenas de miles las casas y comercios cuyos dueños tienen que pagar a la CFE estas altas sumas de dinero. Es un vil asalto en despoblado. De otra manera sería inconcebible que a criterio de un burócrata de quinta, algunos acusados pueden quedar exentos de pagar esta suma por la simple voluntad de esta sanguijuela.

Una situación peor es la de colonias de bajos recursos como la Independencia que por décadas han sido carne de cañón electoral: se les regularizaron sus predios y sus servicios a cambio de votos. Se les permitió colgarse directamente de los cables de energía eléctrica por más de dos o tres décadas. Ahora, la CFE los detiene con el apoyo de Seguridad Publica y los cataloga como delincuentes, en la peor de las indefensiones. El Estado da, el Estado quita.

Por más de 20 años, el gobierno se hizo de la vista gorda en el robo de energía eléctrica. Usó a esta gente para encumbrar alcaldes y gobernadores cometiendo transas electorales y ahora son trepados a una granadera como delincuentes. El Estado es tan culpable de esta irregularidad como lo son estos pobres de solemnidad.

Una buena parte del dinero recaudado por la CFE por este concepto no entra a las arcas del gobierno. Se queda en manos de bandidos disfrazados de burócratas que se reparten entre ellos el botín. Es la corrupción de una caterva de pillos que como parásitos viven de la extorsión disfraza de campañas de regularización de medidores.

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