MEXICO Y LA CORRUPCIÓN:

corrupcionPor Leopoldo Espinosa Benavides

La mentira es mango de todas las herramientas de la corrupción. Se utiliza al dar información exclusiva del Estado en beneficio de una persona o entidad privada, o para ganar licitaciones públicas o privadas por componendas entre licitador y proponente. Prometer obras a sabiendas de que no se realizarán sólo para conseguir votos, también es corrupción; y así hay muchas formas de corromper. Ejemplificaré el primer caso: Fernando Sánchez Ugarte, subsecretario de ingresos de Hacienda, co- creador del Impuesto Empresarial de Tasa Única IETU, salió del gobierno para amparar a una empresa privada contra el IETU cuestionando su constitucionalidad en 9 de los 19 artículos de esa ley y en 3 de los 22 transitorios.

Abundar con más ejemplos sería ocioso, pues todos sabemos que este mal en México es común. Hay honrosas excepciones de empresas y empresarios que no han cometido algún acto de corrupción en instancias oficiales, en forma directa o indirecta, en materia fiscal o en litigios con ventajas al margen de la ley. Pero la gran mayoría sí lo hace, pues la corrupción implica dos partes: el que corrompe y el corrupto. Corrompe quien echa algo a perder, deprava, daña, pudre, o pervierte a alguien o hace que algo se deteriore. También se corrompen las costumbres, el idioma y la literatura. Desafortunadamente este dañino vicio existe en todas partes, pero justificarlo porque en todos los países lo hay, nada soluciona.

La corrupción cuesta al mundo el 2% del PIB global, de 1.5 a 2 mil millones de dólares diarios. Es tanto, que sólo 12 países de los 194 aportan al PIB mundial más del 2%, y México es uno de ellos: el 2.21% del PIB mundial. Canadá aporta el 1.8%, y España, el 1.7% del PIB. Con el monto del dinero corrupto se solucionarían los problemas económicos de la mitad de los países del África subsahariana; o se podrían atender las tres cuartas partes de los tratamientos de cáncer en el mundo. Y México es el país número 100 más corrupto, costándole este vicio un 2.5% del PIB nacional, arriba de la media mundial, pero además nuestra corrupción es desigual: en Tamaulipas llega al 9%, mientras en Aguascalientes al 0.4%.

Hemos alcanzado niveles increíbles, y en respuesta, la semana pasada se activó el Sistema Nacional Anticorrupción –iniciado el 27 de mayo de 2015-, paquete legislativo acompañado de una reforma constitucional que contempla las siguientes nuevas leyes: Ley General del Sistema Anticorrupción, que crea un Consejo Ciudadano con acceso a todas las partes del proceso; Ley General de Responsabilidades Administrativas, que obliga a los servidores públicos a presentar la declaración 3de3; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que robustece a la Auditoría Superior de la federación, enlazándola con el Consejo Ciudadano.

Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que lo convierte en órgano jurisdiccional autónomo para sancionar actos de corrupción; Reformas a la Ley de la Procuraduría General de la República, creando la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción; Reformas al Código Penal Federal, elevando las sanciones a servidores públicos y particulares; y las Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, que fortalece a la Secretaría de la Función Pública para combatir la corrupción.

Debe desaparecer la corrupción de todos, del empresario, del estudiante, el maestro, el ingeniero, el mecánico y el abogado, pero se debe empezar por castigar a los servidores públicos corruptos. Hasta ahora ha sido fácil corromperse, pero ya con un grupo ciudadano y los ojos del público -a través de Internet- sin barreras oficiales que permitían esconder fortunas en cualquier rincón del país, será más difícil ocultar los actos ilegales. México le apuesta a la ciudadanización en todos los aspectos, incluyendo éste. Juntos los supervisores ciudadanos que vigilarán a las autoridades, más el aumento de penas y tribunales específicos, se posibilitará más atrapar a los corruptos. Este Sistema Nacional Anticorrupción debe mejorar el nivel de vida que los mexicanos merecen.

Lo curioso es que la sociedad siempre ha rechazado a la corrupción y aún existe. En la Roma antigua del año 55 a.C., durante el Consulado de Cneo Pompeyo, algunos funcionarios corruptos permitieron que se vendieran en el Ágora o plaza principal, esclavos enfermos. Como era de esperar, sobrevino una epidemia, y Pompeyo ordenó que antes de entrar a la ciudad, los esclavos permanecieran en cuarentena y exigió a los esclavistas una garantía por cada esclavo que entrara a Roma, pero al mismo tiempo ejecutó públicamente a los funcionarios corruptos que propiciaron la propagación de la enfermedad.

Nuestra historia nacional está preñada de actos de corrupción, y todos son a partir de la llegada de los europeos. Nada se sabe de corrupción en el México prehispánico; en las narraciones de la vida indígena contada por indígenas, como Crónicas de una Nación Chichimeca de Fernando de Alba Ixtlixochitl, y en los Anales de Tlatelolco, se habla de un gobierno ordenado, con decisiones analizadas colegiadamente por un consejo de ancianos y ejecutadas por el tlatoani. Los comerciantes eran dirigidos por sus gremios, y los agricultores ideaban sus propias leyes que luego se discutían públicamente, quedando pocas cosas ocultas.

Pero al llegar los españoles y su codicia, para no enviar todos los tributos de la Corona a Madrid, construyeron una intrincada red de corrupción, que el rey combatió con una enmarañada red burocrática. El primer caso documentado de corrupción fue entre 1536 y 1543: Don Carlos Ome Tochtli, acolhua que injertaba árboles frutales, era el gran proveedor de toda la Ciudad de México. Para atracarlo, un hermano suyo y su socio español, lo acusaron de adorar en secreto a Quetzalcóatl, compraron testigos y sobornaron alguaciles de la Santa Inquisición, hasta conseguir que Don Carlos ardiera en la hoguera, y así ambos socios se quedaron con su negocio. El escándalo llegó a Madrid, por lo que el inquisidor apostólico Tello de Sandoval recomendó al rey prohibir que la Inquisición ejecutara indios “por ser muy nuevos en la fe” y así se hizo.

Acusaron al mismísimo Hernán Cortés de apropiarse de recursos que correspondían al rey, y fue desposeído del Reino de México, dividiéndolo en provincias. La corrupción era tal en Nueva España, que el rey envió corregidores a las ciudades más ricas a supervisar el cálculo de impuestos reales y después a intendentes que supervisaran a los corregidores. Así nacimos los mexicanos, entre el desorden y la corrupción de un cripto-sistema cuyo fin era evitar que la riqueza se fuera a Madrid y se quedara en los bolsillos particulares.

Tras la independencia, de 1824 a 1836, para conservar la paz se tuvo que dar trabajo en el Gobierno a soldados, mandos militares, y hasta bandidos insurgentes de la guerra de 1810 a 1821, que ayudaron a la causa. Pero al no haber dinero para pagarles, y siendo adictos a la guerra y sus pillajes, se les daba un pequeño sueldo con manos libres para corruptelas –reportando un porcentaje a los superiores-. Decía el gobernador de Zacatecas, Francisco García, que de cada tres pesos, dos entraban a las arcas y uno se perdía en el camino.

López de Santa Anna buscaba construir una clase de nobles que lo apoyara en todo. Y para ello tejió en todo el país una red de cacicazgos que manejaba la corrupción en juicios, despojos de tierra y agiotismo, pero tan descarada que terminó minando su popularidad. Mareado por el vértigo del poder omnímodo, Santa Anna montó un espectáculo público quemando una parte de la armada mexicana por representar “el dominio español”, cuando en realidad quemó algunas barcazas y las mejores naves las vendió en lo personal a piratas caribeños. Como es de suponerse, con esto creció una gran red de corrupción que involucraba mandos navales y marinos.

La invasión francesa benefició a algunos extranjeros que se quedaron en el país como terratenientes y empresarios. Familias como los Clariond, Font y Coindreau fueron ayudados en juicios y ventas ficticias por Santiago Vidaurri y Julián Quiroga, apoyados por las autoridades imperiales. En los gobiernos de Juárez (1857-1872) y de Lerdo de Tejada (1872-1876) se combatió a la corrupción santannista, pero la nacionalización de los bienes del Clero provocó la corrupción al sobornarse a los peritos valuadores para que particulares los adquirieran a bajo costo.

Ya en el porfiriato la corrupción fue más sofisticada. Los empresarios, en nombre del desarrollo industrial, compraron voluntades oficiales para facilitar la instalación de empresas nacionales y extranjeras, mientras los trabajadores ganaban sueldos de hambre. Lo peor fue en la industria petrolera, pues en saqueo solapado, no se reportaban millones de barriles extraídos. Según el expediente del laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje que derivó en la nacionalización del petróleo con Lázaro Cárdenas en la Presidencia, se evadían más del 50% de los impuestos al no reportarse 3 de cada diez barriles que se extraían.

Y con la revolución no mejoró la corrupción; terminó siendo la única forma de que los negocios prosperaran. Se construyó una red de complicidades entre la iniciativa privada y los proveedores o concesionarios de servicios, y la corrupción fue pan de todos los días en el gobierno y la industria. Esto es, la corrupción sustituyó al pillaje para tener pacificados a los revolucionarios acostumbrados a vivir de la guerra. Luego los sindicatos hicieron de la extorsión su modus vivendi.

Después, en los años cuarenta, unos migrantes chinos descubrieron que en Sinaloa se podía sembrar opio y establecieron una red de corrupción que llegaba hasta Arizona, conformando un corredor de narcotráfico. Pero pronto nacieron imperios de narcos mexicanos como Don Neto y Caro Quintero, que corrieron a los chinos para tejer una red de corrupción internacional. En la década de los setenta, la corrupción se concentró en las mafias de narco distribuidores, pero también de proveedores y constructores del gobierno que propició la concentración de grandes capitales pero comenzaron los sobornos y los secuestros con cierta tolerancia de las autoridades.

En 1982 el gobierno de Miguel de la Madrid hizo el primer intento serio de combatir la endémica corrupción, con la llamada “renovación moral”, creando órganos de fiscalización para apoyar a los Congresos locales y al Federal en la revisión de cuentas públicas, y se creó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incrementándose las penas, pero no funcionó porque las redes de corrupción alcanzaban hasta a quienes aplicaban estas normas.

En las siguientes tres décadas se continuó “avanzando” en el proceso de perversión del gobierno y la sociedad. Los empresarios evadiendo impuestos y corrompiendo funcionarios, los particulares participando en grandes o pequeñas transacciones donde la corrupción está normalmente presente. Y en el aparato gubernamental se fraguan grandes fraudes haciéndose de la vista gorda con las ordeñas de combustibles en PEMEX, negociando adquisiciones y contratos con empresarios sin escrúpulos, y coadyuvando con el trasiego de drogas. En el mejor de los casos, aplicando medidas vagas e ingenuas para combatir la corrupción incluyendo parejo en todos los programas los mismos ingredientes: más revisiones, mayores penas, y más revisores internos.

Para que funciones el actual intento de corrección del rumbo histórico, se debe contar con el apoyo de todos. Desafortunadamente hay tal irritación popular y crisis de credibilidad, que al pedir perdón el presidente Peña Nieto por el mal manejo en la adquisición de la famosa casa blanca, se desataron las más duras críticas imaginables, que desde mi punto de vista son exageradas pues si no lo hubiera dicho, lo primero que le reclamarían sería de cómo lanzaba esas reformas sin mencionar el tema personal y familiar. EPN será inocente o culpable dependiendo del resultado de un juicio que tarde o temprano se le hará, pero ahora está iniciando un cambio real de paradigmas que pega a todos, a los funcionarios y a la iniciativa privada.

Sin embargo, cuando venía en la ley la obligatoriedad de presentar la declaración 3de3 a los proveedores del gobierno, se puso el grito en el cielo hasta que a ellos no se les obligará a declarar, sólo a los funcionarios. La intransigente actitud de algunos críticos de EPN da la impresión de que lo que en realidad buscan es que no funcionen los nuevos controles para continuar como hemos estado siempre, en un estado de corrupción permanente, pues a estas alturas criticar a Peña Nieto es sólo pintarle una mancha más al tigre. Y ellos lo saben, a menos de que mientan. Porque la mentira es mango de todas las herramientas de la corrupción…

Fuentes:

País de mentiras, Sara Sefchovich, Océano 2008, pag. 323.

México a través de los siglos, Riva Palacio y otros

El Liberalismo Mexicano, Jesús Reyes Heroles

Un Ensayo de la Revolución Jesús Silva Herzog

El Partido de la Revolución, Miguel González Compeán

Banco Mundial

Revista Forbes

Senado de la República

Presidencia de la República

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